La desiguladad chilena

Chile no es el país con mayor desigualdad económica de la región. Países como Brasil, Colombia, Panamá, México y Paraguay registran un índice de desigualdad incluso mayor al chileno. De hecho, la desigualdad en Chile es prácticamente la misma que en Bolivia y que Venezuela, pero la riqueza per cápita chilena es 3,3 veces la de Bolivia y 2,4 veces la venezolana.

Si revisamos un indicador más integral para evaluar la calidad de vida de los ciudadanos, como es el Índice de Desarrollo Humano propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que a más de la riqueza económica evalúa los niveles de salud y educación de los países, Chile ocupa la posición 48 en el mundo y el primer lugar en América Latina. Asimismo, la pobreza se ha reducido en 30 puntos desde el regreso a la democracia en 1990, mientras que la pobreza extrema está prácticamente eliminada.

Chile es el país latinoamericano mejor situado en el ranking Doing Business del Banco Mundial, indicador que evalúa el atractivo y la facilidad de hacer negocios en cada país y, como consecuencia de ello, también registra el mayor pib per cápita de la región.

Por lo expuesto, querer comparar (y hasta equiparar) el contexto y los motivos de las protestas ocurridas en Ecuador y Chile requiere de, por lo menos, ciertas precisiones. La mayoría de chilenos no busca suprimir o eliminar el modelo de desarrollo, quieren corregirlo. No quieren adoptar el modelo castrochavista, ni alinearse con el Foro de Sao Paulo.

Mientras el Ecuador recorre todas las posibilidades de financiamiento para sanear un Estado quebrado, y más bien encuentra varias coincidencias con la situación política y económica de Argentina; los chilenos miran a países desarrollados con niveles de riqueza similares, anhelando contar con más de esos servicios y prestaciones.

En otras palabras, mientras la línea del crecimiento económico ha registrado un ascenso sostenido a lo largo de las últimas décadas, el estado de bienestar, las prestaciones y los servicios públicos no han variado mayormente. El sueldo mínimo no se ajusta a la realidad y algunos servicios públicos, en manos privadas, necesitan ser redefinidos. Todas, exigencias justas que deben y serán escuchadas.

Por supuesto, análisis aparte merece el segmento radical y desestabilizador que no representa a la gran mayoría de chilenos y que incluye a los nostálgicos del socialismo del siglo pasado, entusiastas del socialismo del siglo XXI y otras violentas facciones antisistema altamente organizadas.

La economía crece, la calidad de vida mejora y, por ende, las expectativas de los chilenos respecto a las prestaciones que merecen y anhelan. Todo sistema puede (y debe) ser corregido periódicamente en función de la realidad, pues si los gobiernos no se sintonizan con la gente se abre el camino para que emerjan corrientes desestabilizadoras que pongan en riesgo todo lo ganado.

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